En el panorama nacional entre el mes de enero de 2016 y el mes de febrero de 2017 se han presentado en Colombia 191 homicidios, 33 atentados y 19 agresiones a líderes, lideresas de diferentes organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, el asesinato de 37 ambientalistas y el hecho de que cada 4 días es asesinado un líder social de acuerdo al informe de paz y reconciliación.

Estas violaciones a los derechos humanos e Infracciones al derecho internacional Humanitario han ocurrido en 19 departamentos, entre ellos el Departamento de Nariño, dentro de este hay 15 organizaciones en situación de riesgo, entre Comunidades Negras, Mesas Municipales de Víctimas, resguardos indígenas, Asociaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales y políticas, movimientos juveniles, estudiantiles universitarios, comunidad LGTBI, además de organizaciones de Derechos Humanos; quienes desarrollan su actividad social en sectores como la Costa Pacífica, los Municipios de la Cordillera, el Sector Fronterizo, subregión de Abades y organizaciones con sede en la Ciudad de Pasto, además 9 son los líderes asesinados en este mismo periodo. En cuanto a víctimas por acción de minas anti persona, se han presentado 871 casos, los dos últimos en la Subregión de Abades en los meses de junio y julio. Además de lo anterior, el incremento de víctimas de desaparición forzada para 2017, es de 72 casos según la Secretaría Técnica de la Mesa de Desaparición Forzada de la Gobernación de Nariño.

En el marco de la implementación de los Acuerdos de la Habana, se registran 8 Homicidios de personas en proceso de reintegración entre ellos un menor de edad, en la Costa Pacífica de Nariño. Igualmente se conocen 9 situaciones de desplazamiento forzado colectivo sobre todo en municipios de la Costa Pacífica y los Municipios de la subregión de la Cordillera.

Se presenta un número indeterminado de personas y organizaciones que han sufrido amenazas de tipo individual y/o colectiva utilizando como elementos intimidatorios panfletos, sufragios, mensajes de texto, llamadas telefónicas, amenaza directa, atentando contra el derecho a la vida, la libertad y la integridad por su condición social o su naturaleza de trabajadores en favor de las víctimas, los procesos de restitución de tierras, implementación de los acuerdos y en defensa de los Derechos Humanos. Entre las estructuras ilegales que realizan estas amenazas están Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Águilas Negras, Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), La Gente del Orden, El Nuevo Grupo, Organización Sicarial del Pacífico, El Clan del Pacífico. Además se registran denuncias por amenazas de Grupos disidentes de las FARC-EP, Bloque sur Occidental del EPL, ELN.

La reproducción de estructuras paramilitares en Nariño, la proliferación de grupos armados bajo distintas denominaciones como es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que actúan en los territorios agrava la situación de derechos humanos con hechos concretos como es el caso de los municipios de la Cordillera, donde actúan en total impunidad haciendo pintas en sitios públicos, advirtiendo su presencia armada y obligando a participar en reuniones a líderes para que se opongan a los acuerdos de la Habana, en lo relacionado a la sustitución de cultivos de uso ilícito o el pago de extorsiones, hasta el punto de cumplir con sus amenazas asesinando líderes y lideresas de la región. Entre los Factores que agravan la situación de riesgo en las comunidades, organizaciones y sus dirigentes en Nariño se evidencia:

1. La débil presencia del Estado en zonas de presencia paramilitar para garantizar la protección de los derechos fundamentales.

2. La falta de reconocimiento a la labor social de líderes y lideresas y defensores de derechos humanos

3. La respuesta inadecuada o tardía a los llamados de advertencia sobre las situaciones de riesgo y el incumplimiento de acuerdos con las comunidades por parte del Estado.

4. La insistencia por parte del Gobierno Nacional, de las FFMM y de Policía de privilegiar la erradicación forzada sobre la sustitución voluntaria, lo que ha desatado innumerables casos de agresión y violación a los Derechos Humanos e infracciones al DIH.

5. La negación del acceso a la justicia y persistencia de la impunidad por el Estado, las instituciones y sus funcionarios,

6. La ausencia de espacios efectivos de interlocución entre las organizaciones sociales, de defensa de los derechos humanos y representantes del Estado.

7. La estigmatización y criminalización de la protesta social que afecta la vida, la libertad y la integridad física, sicológica y moral de las comunidades, sus organizaciones y dirigentes.

Rechazamos categóricamente la falta de compromiso, la ineficiencia, inoperancia y ausencia de acompañamiento institucional para responder efectiva y oportunamente ante las situaciones de riesgo que se han presentado en el Departamento, en especial la Defensoría del Pueblo Regional Nariño, la Gobernación de Nariño y la Unidad Nacional de Protección.

En consecuencia las organizaciones abajo firmantes solicitamos una reunión con la presencia de Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, Unidad Nacional Protección, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Nariño, Unidad seccional de Fiscalías, Procuraduría General de la Nación, con el acompañamiento de Alto Comisionado para los derechos humanos de las naciones unidas en Colombia OACNUDH, Misión de Apoyo proceso de Paz en Colombia MAPP – OEA

Con el fin de recibir información y promover acciones efectivas para el desmonte del paramilitarismo en Nariño, garantías reales de protección y participación ciudadana en el desarrollo activo de la implementación de los acuerdo de la Habana y acuerdos en materia humanitaria en la Mesa de Negociaciones en Quito con el ELN, reconocimiento y garantías efectivas para el ejerció de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos. Las comunidades de los municipios afectados exigen acciones humanitarias urgentes y de manera oportuna y parmente ante nuevas amenazas y procesos de desplazamiento, además del apoyo a las iniciativas locales de paz que se están trabajando con las comunidades y los avances de las investigaciones y acciones de denuncia por parte de las Entidades responsables.

Firman:

Comité Permanente Por La Defensa De Los Derechos Humanos – CPDH Nariño
Movimiento Nacional De Victimas de Crímenes de Estado Nariño – MOVICENAR
Coordinador Nacional Agrario – CNA
Juventud Rebelde Nariño
Comité De Integración Del Macizo Colombiano
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Nariño
Red De Derechos Humanos Del Sur Occidente Colombiano Francisco Isaías
Cifuentes – RED FIC
Congreso De Los Pueblos Nariño
Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana Nariño –
COCCAM Nariño
Mesa Social Para La Paz
Minga Por La Paz de Nariño
Identidad Estudiantil – Nariño
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública – Nariño

 

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