Colombia, 22 de Marzo de 2017

Comunicado a la opinión pública.

 

En el año 2016 y en lo corrido de este 2017, los movimientos sociales y organizaciones populares de Colombia hemos llorado el asesinato de 150 de nuestros miembros. En su mayoría, son indígenas, negros, campesinos, campesinas y pobladores populares que día a día trabajan por la defensa de los territorios y por conseguir mejores condiciones de vida para sus comunidades.

Las agresiones, han provenido de los grupos paramilitares que impulsados y creados por gamonales locales y empresas multinacionales en complicidad con el Estado y su “fuerza pública” ven en quienes construimos tejido social una amenaza. La respuesta del gobierno ha sido insuficiente, tibia, blanda y evasiva.

Estas acciones de asesinatos sistemáticos, persecución, estigmatización y judicialización al movimiento social y su dirigencia, fueron en su momento la política de la seguridad democrática, implementada en el mandato de Álvaro Uribe y revivida por su pupilo Santos, quienes por medio de la guerra sucia, los falsos positivos judiciales y demás estrategias buscan amedrentar al pueblo colombiano, aterrorizarlo y reprimir toda expresión de protesta social.

Las capturas del día de hoy contra 12 personas entre las cuales se cuentan dirigentes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar -CISBCSC- y de la Federación Agrominera del Sur de Bolivar -FEDEAGROMISBOL- son la muestra de la combinación de las actividades de la guerra sucia: paramilitarización del territorio y judicialización a líderes, hace pocos días se denunciaban los patrullajes y la presencia de estas fuerzas oscuras en el sur de Bolívar y en el Cesar, hoy llegaron las fuerzas “legales” capturando, señalando y encerrando a quienes denunciaron.

Quienes fueron capturados, son reconocidos líderes sociales que ejercen actividades alrededor de la defensa del territorio contra los megaproyectos, contra la entrada de multinacionales, por la defensa de los derechos humanos y por la conservación de las aguas, ciénagas y tierras comunales de esta región del país.

Con estas acciones se muestran las verdaderas intensiones de paz del gobierno colombiano. Persiguiendo a quienes apuestan por una paz con mejores condiciones para todos, a quienes garantizarían espacios regionales de participación y construcción de paz. Incumple a las fuerzas insurgentes concentradas y hace oídos sordos a las denuncias que por la expansión del paramilitarismo se hacen cada vez más frecuentes y urgentes. La paz de ellos es la paz del hambre, del saqueo, de la explotación: la paz de los sepulcros.

Desde el Coordinador Nacional Agrario, rechazamos los asesinatos la persecución, criminalización y falsos positivos judiciales de los que hemos venido siendo objeto. Responsabilizamos al Estado colombiano por las afectaciones a la integridad física y de nuestros compañeros y compañeras.

Invitamos a las organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, sindicatos, amas de casa, jóvenes, estudiantes y demás pueblo colombiano a mantener en alto las banderas y la movilización por la vida digna. A los organismos internacionales a pronunciarse sobre la persecución de la que hemos sido objeto las organizaciones populares y a tomar medidas cautelares contra el Estado colombiano.

Exigimos la libertad inmediata para los compañeros y compañeras víctimas de los falsos positivos judiciales.

En palabras del líder comunero José Antonio Galán, recordamos nuestra decisión de lucha:

Siempre adelante ni un paso atrás y lo que sea menester que sea.

Coordinador Nacional Agrario de Colombia.

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