Proyecto de Ley para el reconocimiento de los derechos campesinos

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS CAMPESINOS A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE (1991)

JUSTIFICACIÓN

El capítulo 2 del título II de la Constitución Política de Colombia, consagra los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, estableciendo el derecho a la propiedad como uno de ellos[1] y consagra como deber estatal propender por el acceso progresivo de la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios, estableciendo en el artículo 64 de la C.P.:

 

ARTICULO   64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

 

Igualmente pretende promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de la población campesina, según lo dispuesto por el artículo 65 de la C.P:

 

ARTICULO  65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

 

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.

 

Al respecto es pertinente tener en cuenta que la Corte Constitucional por intermedio de la sentencia C. 006[2] de 2002, establece sobre los artículos anteriormente transcritos lo siguiente:

 

Específicamente, los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, constituyen el fundamento de la acción del Estado para crear las condiciones necesarias que permitan el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y crédito, e igualmente para darle prioridad, apoyo y especial protección al desarrollo de las actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y a la construcción de obras de infraestructura física en el campo.

 

Es pertinente así mismo recordar que el Estado Colombiano se consagro como multiétnico y multicultural, bajo el principio establecido en el artículo 7 de la C.P: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

 

En virtud de esta disposición tanto la constitución como diversas normas han reconocido derechos territoriales a los pueblos indígenas y a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo ha omitido preservar los derechos del sujeto campesino-mestizo, como una comunidad étnica y cultural diversa.

 

Es por ello que se hace necesario aunar el principio de diversidad cultural, con los derechos de los trabajadores del campo, expidiendo una nueva legislación que recoja el sujeto campesino como acreedor de derechos especiales de protección, es decir reconocimiento de derechos territoriales y de gobernanza sobre el mismo.

 

Igualmente es importante resaltar que las dinámicas mundiales en protección de los derechos campesinos se han transformado según las necesidades que estos han ido adquiriendo por las nuevas formas económicas y de concepción de la tierra rural, teniendo en cuenta la actual expansión de la agricultura, la especulación con productos alimentarios y las adquisiciones y los arrendamientos de tierras en gran escala en muchos lugares del mundo las cuales amenaza la vida de millones de campesinos[3].

 

En la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, se considera que:

 

Los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas especiales para asegurar que los Estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos.

 

Así mismo es pertinente recordar que para la Corte Constitucional, ha sido importante el reconocimiento de la cultura campesina del país y de la necesidad de proteger su acceso a la tierra y al territorio, y con ello, su forma de vida culturalmente diferenciada. Así mismo insiste en que el reconocimiento debe trascender la formalización de títulos y enaltece la labor de los campesinos/as como fundamental en el desarrollo del país.

 

Resalta igualmente que la ausencia de protección específica de la tierra y el territorio ocasiona graves perjuicios en la vida de la comunidad, como la inequidad, la desigualdad social y la pérdida de la cultura[4].

 

Es así como la Corte manifestó en la sentencia T-348 de 2012 que siempre se deben garantizar espacios de participación para las comunidades que puedan llegar a ser afectadas con la ejecución de un proyecto de infraestructura, teniendo en cuenta que son sus oficios e intereses sobre los recursos naturales los que se verán intervenidos, para ello citó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente artículo 22, el cual manifiesta:

“Los pueblos indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y prestar el apoyo debido a su identidad, cultura e intereses y velar porque participaran efectivamente en el logro del desarrollo sostenible”.

 

De acuerdo a las manifestaciones anteriores, la Corte considero que, hoy en día debe analizarse cuáles son las comunidades que se verán afectadas con la realización de una obra, ya sea pública o privada, como una vía o la exploración y explotación de minas, garantizando a las mismas los espacios de participación y de concertación oportunos para la ejecución de determinada decisión. La representación de todos los sujetos que vayan a verse afectados es fundamental. Al tratarse de una comunidad campesina, que a pesar de no entra en la categoría de étnica, su subsistencia depende del recurso natural que se pretende intervenir, y en esa medida, se hace obligatoria la realización de espacios de participación, información y concertación, que implican el consentimiento libre e informado.

 

La Corte Constitucional en sentencia T-244 de 2012, afirmó al respecto:

 

“Ahora, si bien esta Corporación ha abordado el análisis de las significaciones culturales que se establecen entre las comunidades indígenas y el territorio sobre el cual se va a construir una mega obra, dicha relación también puede aplicarse a otros contextos diferentes, en los cuales, se evidencia la importancia del entorno en el sostenimiento del proyecto de vida de la persona. Esto es, el significado que le otorga una persona al espacio en donde desarrolla una actividad, por ejemplo, económica, es importante para su realización como ser humano; una de las relaciones que puede establecer el individuo es que en un espacio puede desarrollar una labor que le permite acceder a un ingreso mínimo para su sustento y/o el de su grupo familiar”(cursiva fuera del texto)

 

Bajo estas manifestaciones puede observarse el cambio de jurisprudencia que va asumiendo, la Corte Constitucional al considerar la necesidad de proteger las prácticas tradicionales de producción de los grupos minoritarios, como los indígenas, negros y campesinos-mestizo, por la relación que existe entre ellos y los recursos naturales con los que ejercen su oficio, teniendo particular atención con el imperativo deber constitucional de resguardar y preservar la diversidad cultural y biológica de la Nación.

 

Es por ello que debe promulgarse una nueva legislación, en la cual se recoja esta realidad y la valoración del sujeto campesino como un sujeto especial de protección por parte del Estado, que tiene una cultura formada a lo largo del tiempo, identificable y valorable, que poseen unas costumbres propias.

 

Por lo anterior se desarrollara un proyecto de ley que dé cuenta de la aplicación de los artículos 7, 64 y 65, de la Constitución Política, que son la base fundamental del de reconocimiento de los derechos del campesino como sujeto de especial protección.

[1]Artículo 60 C.P: El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar latitularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

 

[2] Sentencia C-006 de 2002 M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 23 de enero de 2002.

[3] Consideraciones de la Declaración de derechos campesinos. Expedida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

[4]T-763 de 2012

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